Alberto Acosta: “A este Correa lo desconozco”

Alberto Acosta fue presidente de la Asamblea Constituyente y ministro durante el primer año del gobierno de Rafael Correa.

Martín Cúneo (Quito, Ecuador)
Publicado en Sin Permiso

Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y economista ecuatoriano, fue uno de los redactores del programa de gobierno del partido de Rafael Correa, Alianza País. Desavenencias con el presidente Correa lo llevaron a alejarse y a denunciar desde fuera la deriva extractivista y poco participativa de la ‘Revolución Ciudadana’.

La rebelión de los "forajidos", que tumbó el gobierno neoliberal de Lucio Gutiérrez en 2005, allanó el camino para la elección de Rafael Correa, con un programa que hacía hincapié en la participación ciudadana.

SIN PERMISO: ¿Qué papel tuvieron los movimientos sociales en la llegada de esta nueva oleada de gobiernos ‘progresistas’ en América Latina?
ALBERTO ACOSTA: Sin esas movilizaciones sociales, particularmente de los pueblos y nacionalidades indígenas, en Ecuador y Bolivia, y sin la respuesta de amplios sectores de la población afectados por las estructuras oligárquicas, y más aún por la propuesta neoliberal, estos gobiernos serían impensables. Son el resultado directo de la acumulación histórica de las luchas populares, ninguno de estos gobiernos puede ser pensado al margen de estos procesos en mayor o menos medida. En el caso concreto del Ecuador, el presidente actual no habría llegado al Gobierno sin ese proceso histórico acumulado. Lamentablemente él no entiende esa realidad y a momentos asume que es un relámpago a cielo despejado, cuando las nubes ya estaban cargadas por las luchas populares.

S.P.: ¿Qué avances se han dado con estos gobiernos?
A.A.: Tengo muchos planteamientos que no comparto, y a ratos veo que hay un enorme proceso de reversión de las cosas que se hacían, pero no se pueden negar los avances. En el caso de Ecuador, la no firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) fue un paso muy importante, aunque ahora en Ecuador se esté discutiendo un TLC con la Unión Europea. Se avanzó muy seriamente en la recuperación de soberanía y dignidad internacional con una política seria y no se renovó la permanencia de la base norteamericana de Manta, algo que es tremendamente positivo. Pero hay dudas en otros ámbitos donde el Gobierno no logra dar una respuesta categórica, aún a nivel internacional.

En los países de órbita más bolivariana (Venezuela, Bolivia y Ecuador), donde se ha hablado de  Socialismo del Siglo XXI, yo creo que hay que ser mucho más cuidadosos y rigurosos en el análisis. En primer lugar no hay Socialismo del Siglo XXI por ningún lado. Yo lo que distingo es el extractivismo del Siglo XXI. Se supera ese Estado neoliberal, que entra en crisis, se vuelve a recuperar el Estado en cuanto factor de desarrollo y se comienza a introducir algunos cambios importantes en estos países, con un marcado régimen de acumulación extractivista, dependientes del petróleo y de los minerales. En Ecuador, petróleo. En Bolivia, gas y minerales. Sin embargo, esos países han conseguido una mayor presencia del Estado en la determinación del uso de los recursos minerales y petroleros. Ya no es la época neoliberal donde ese uso venía determinado por las empresas multinacionales. Ahora hay una mayor participación del Estado en la renta minera y petrolera, hay además una mejor distribución de esa renta. Pero no se está afectando la modalidad de acumulación extractivista primario exportadora, no hay un cambio en la estructura productiva, no hay un cambio en la estructura de comercio internacional, ni de importaciones ni de exportaciones.

En el caso ecuatoriano el asunto es dramático. El petróleo se acaba y la opción del Gobierno es abrir la puerta a la minería metálica a gran escala a cielo abierto. En todos estos países, el ADN extractivista de la sociedad y de sus gobernantes les impide ser coherentes entre la idea, el discurso y la práctica. Incluso en el discurso ya hay enormes aberraciones, como cuando el presidente Correa dice que si le queda un sólo cóndor vivo [“para dar de comer al pueblo”] él apostaría en hacer el cóndor en fricasé, lo que es una barbaridad, porque lo que hay que construir es un país en el que no se llegue a la desaparición de ningún cóndor, de ninguna especie, de ningún régimen ecológico.

Muchas de las históricas reivindicaciones de los movimientos sociales ecuatorianos se vieron reflejadas en la Constitución de 2007. En la foto, una marcha de la confederación indígena CONAIE.

S.P.: ¿Qué demandas sociales se han visto satisfechas con el Gobierno de Correa?
A.A.: En Ecuador, el hecho de democratizar la renta minera y petrolera se transforma también en una mayor inversión social, educación, salud, vivienda, inversión social. En las administraciones anteriores, en los gobiernos neoliberales, se priorizaba el pago de la deuda externa. En este periodo, se prioriza la inversión social. Antes la inversión social no llegaba a un 4% del PIB; en este gobierno llega a un 8%. En relación con las empresas multinacionales, en los años anteriores se pretendía que asumieran una gran cantidad de tareas y se marginó la participación del Estado. Ahora el Estado interviene activamente. Es cierto también que este Gobierno ha tenido los mayores ingresos petroleros de los últimos tiempos. Eso se debe sobre todo a los altos precios internacionales. Es un gobierno con muchos recursos, pero el mérito es haber destinado este dinero a la inversión social. Ahora, el problema grave es que esta inversión no se ha reflejado en una mejora sustantiva de las condiciones sociales de amplios segmentos de la población. Aquí hay un tema preocupante: el mismo Gobierno reconoce que los pobres están “menos peor”, según un documento oficial que utiliza ese concepto, pero los ricos mucho mejor. La inequidad ha aumentado. El segmento más rico de la población ha incrementado su participación en la renta en cuatro puntos.

S.P.: Después de un tiempo en que los gobiernos en Ecuador no conseguían terminar sus mandatos por las revueltas populares, ¿se ha producido una ‘reinstitucionalización’?
A.A.: Este Gobierno ha permitido la recomposición de algunas fuerzas oligárquicas tradicionales y la configuración de nuevos grupos empresariales. No hay un cuestionamiento que dé paso a un cambio de estructuras. Es verdad, los pobres están “menos peor”, eso se refleja también en un respaldo popular al presidente Correa. Pero las cuestiones de inequidad no están siendo resueltas. El Gobierno enfrenta duramente al poder financiero en el discurso, trata de ponerle límites, pero no logra ponerle el cascabel al gato. La banca ha obtenido mayores niveles de rentabilidad que con las administraciones anteriores. Y eso a pesar de que no tiene el mismo nivel de influencia. No hay redistribución de la tierra. En una entrevista al presidente que le hace Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique, Correa reconoce que el índice de Gini en la tenencia de la tierra supera el 0.9, una barbaridad, y él mismo reconoce que ha tenido un Ministerio de Agricultura que trabaja exclusivamente para los grandes grupos agroexportadores, y ahora acaba de nombrar un nuevo ministro de Agricultura vinculado a esos grupos. Hay un discurso a favor del mundo campesino, de la soberanía alimentaria, de repensar la organización de la sociedad, la economía social y solidaria, pero no se avanza en la práctica. Y luego hay un problema con el agua: tienes una disposición constitucional, el artículo 12, donde dice que el agua es un derecho humano fundamental, mientras que en el artículo 318 se dice que el agua no puede ser privatizada de ninguna manera… pero el Gobierno no quiere dar paso a la desprivatización del agua.

S.P.: ¿Por qué hay tanta diferencia entre los derechos constitucionales conseguidos en 2008 y la aplicación y desarrollo de leyes?
A.A.: Una explicación es que todavía no entendemos qué significa una Constitución. El propio presidente de la República no asume con seriedad lo que es una Constitución. Rafael Correa alentó con mucho entusiasmo la Constitución del año 2008 y luego fue uno de los promotores para su aprobación en el referéndum. Y luego en la práctica, no son tres años de que entre en vigencia y propone cambios que entran en contradicción con principios fundamentales como la independencia de la justicia, como la consolidación del quinto poder o poder ciudadano, que es algo novedoso y fundamental, que tiene que ver con la participación ciudadana. Después se pone en marcha la ley de Minería sin ninguna discusión democrática, con un enorme déficit de participación. Creo que es la primera gran ruptura de la Constitución. La ley de Soberanía Alimentaria y muchos de los cuerpos legales aprobados están abiertamente en contra de la Constitución o no están cumpliendo con los mandatos constitucionales. No se habla, no se practica, no se da paso a lo que es el Estado plurinacional.

S.P.: ¿Hubo voluntad política para que el proyecto del Yasuní saliera adelante?
A.A.: Las dudas del presidente Correa se explican, por un lado, porque él no acaba de entender lo que son los derechos de la naturaleza. Por otro lado porque él está atrapado por la necesidad coyuntural de recursos económicos para dar respuesta a las demandas al Estado. El presidente Correa también es víctima del ADN extractivista. Él ha repetido varias veces que no va a permitir que dejemos los recursos naturales en el subsuelo, porque sería como que un pobre esté sentado sobre un saco de oro. Es la misma lógica tradicional.

S.P.: Es un discurso parecido al del perro del hortelano del ex presidente peruano Alan García…
A.A.: Es el perro del hortelano de Alán García. La figura del pobre sentado encima de un saco de oro es de Alexander von Humboldt, de hace 200 años. Hemos creído que sólo con la elección de un presidente las cosas iban a cambiar o que con la aprobación de una nueva Constitución la sociedad ya iba a ser diferente, y no es cierto. Y ahí viene el problema mayor, no es sólo el presidente el que no cumple la Constitución, no es su Gobierno el que no la acepta, es una sociedad que todavía no ha comprendido que la Constitución es una caja de herramientas para construir democráticamente una sociedad democrática. Ahí están nuestros derechos, obligaciones, instituciones, procedimientos, estructuras para construir un país diferente. Pero es una tarea de la sociedad. Esta Constitución, sin lugar a dudas, es la Constitución que recoge la mayor cantidad de propuestas, de demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas, la mayor cantidad de aspiraciones de las luchas emancipatorias de los pueblos en el Ecuador. Eso es indudable. Pero particularmente del movimiento indígena. Y todavía el movimiento indígena no acaba por apropiarse de la Constitución para hacer una oposición al Gobierno desde ella, lo que le da una mayor legitimidad.

Movilización de Cajas a Gonzales Suárez (Otavalo) el 12 de septiembre de 2009 contra la ley de aguas. Las protestas contra esta ley, que las organizaciones indígenas consideraban contraria a la Constitución, obligaron al Gobierno a retirar la medida.

S.P.: ¿Cuál es la relación de los movimientos sociales con el Gobierno de Correa?
A.A.: El gobierno del presidente Correa ha intentado debilitar y dividir al movimiento indígena. Luego, cuando no consigue cooptarlo, intenta crear un grupo propio, quiere tener su propio grupo de maestros organizados, su propio grupo de médicos organizados, su propio grupo de indígenas organizados, quiere tener su propia organización social… La Secretaría de los Pueblos no entendió que debía ser un punto de enlace con los movimientos sociales para procesar sus demandas y generar las condiciones para debatir la construcción de un escenario de expectativas compartidas. El objetivo de la Secretaría no era contribuir para que los movimientos formasen parte del Gobierno.

El problema del presidente Correa es que no acabó de entender la propuesta de la Revolución Ciudadana en toda su magnitud. Él se quedó sólo con la parte liberal de la ciudadanía, del individuo, de que hay que luchar en contra de los gremios, en contra de la visión más estructurada alrededor de intereses gremiales y de intereses de poder. En ese punto confunde un gremio, o sea, una asociación de banqueros, con una organización indígena o campesina. El corporativismo es lo que se quiere combatir, y estoy de acuerdo, pero una organización sindical o indígena no es una estructura corporativista, es una cosa diferente. Uno de los puntos más débiles del presidente Correa es que es un Gobierno que presume de Revolución Ciudadana y lo que es notorio es el déficit de participación ciudadana. El déficit de ciudadanía en la Revolución Ciudadana es inocultable.

S.P.: ¿El poder ha cambiado a Correa?
A.A.: Yo creo que sí, desconozco al Correa de los últimos dos años. Yo conocía a Correa, éramos amigos desde el año 91. A este Correa le desconozco.

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