Emma Gascó (Publicado en Diagonal el 11 de mayo de 2013)

La condena al exdictador Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad marca un hito en la lucha contra la impunidad en América Latina. 

La sala estaba abarrotada: unas 600 personas, según retransmitían activistas y periodistas a través de las redes sociales, esperaban el veredicto al exdictador Ríos Montt por genocidio. A este general retirado se le acusaba de haber ordenado entre 1982 y 1983 la matanza de 1.771 mayas ixiles, “una minúscula parte de los más de 100.000 muertos posibles durante el periodo”, según escribía la analista Susana Norman para Desinformemonos.org.

Tras horas de retraso, la jueza Jazmín Barrios leía por fin el veredicto, con la voz a ratos entrecortada, repasaba los peritajes y las conclusiones hasta llegar al fallo: Ríos Montt era condenado a 50 años de prisión por genocidio y 30 años por delitos de lesa humanidad. Un clamor recorrió la sala. Entre los espectadores, unas cien personas ixiles, las mujeres con huipiles (la blusa tradicional), los hombres con chaquetas rojas y sombreros de paja, se abrazaban, lloraban, reían. Euforia. Las autoridades indígenas alzaban sus varas de mando tradicionales en señal de victoria.

Mientras los fotógrafos se agolpaban sobre el militar retirado, la sala empezó a cantar “vivir la vida, no morirla”, relataba la periodista Xeni Jardin [@xeni], que lleva meses cubriendo el proceso. Luego empezaron a corear “¡Jazmín, Jazmín, Jazmín!”.“Agradecemos los aplausos, pero sólo hemos hecho nuestro trabajo”, contestó Barrios. En el pasado, por no dejarse amedrentar por los militares, esta jueza sufrió amenazas y atentados. Incluso llegaron a estallar varias granadas en el patio de su casa. Poco faltó para que se exiliara. Pero no lo hizo.

El 10 de mayo de 2013 pasará a la historia como el día en el que el primer jefe de Estado latinoamericano fue hallado culpable de genocidio

La noche del fallo Ríos Montt durmió en la cárcel. “Pase lo que pase, esto ya no nos lo pueden quitar”, decía uno de los testigos. Esa noche hubo fuegos artificiales en la ciudad de Guatemala. El 10 de mayo de 2013 pasará a la historia como el día en el que elprimer jefe de Estado latinoamericano fue hallado culpable de genocidio. En 2006, fue condenado por genocidio junto con otros militares Miguel Etchecolatz, responsable de todos los centros de exterminio de la provincia de Buenos Aires (Argentina), pero no era jefe de Estado. En 2009, el exdictador peruano de origen japonés Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por violación de los derechos humanos, pero no por genocidio.

Próxima estación: Otto Pérez Molina

Aunque el veredicto leído por la jueza Barrios exculpa al exjefe de Inteligencia Militar Mauricio Rodríguez, sí ordena al fiscal general investigar a todas las otras personas responsables de las matanzas. Este punto del fallo significa que ahora hay un mandato legal para iniciar la investigación sobre la responsabilidad en las masacres del actual presidente Otto Pérez Molina, que fue comandante de la zona con el sobrenombre de Tito Arias.

Ahora hay un mandato legal para iniciar la investigación sobre la responsabilidad en las masacres del actual presidente Pérez Molina

Claudia Samayoa es directora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala y fue una de las principales impulsoras del proceso a Ríos Montt. Según explica a DIAGONAL, en este contexto de genocidio, Otto Pérez Molina llevó una actitud —cuanto menos— ‘activa’. “Tenemos las filmaciones en donde incluso el señor está con los masacrados, asesinados, a sus pies, y él explicando la importancia de lo hecho”, dice Samayoa.

En una entrevista tras el veredicto, Pérez Molina negó su participación en las masacres, para luego decir que “familias enteras” apoyaban a la guerrilla. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), el combate entre Ejército y guerrilla sólo produjo el 10% de las víctimas. El resto se enmarca en la categoría de crímenes de lesa humanidad, en un conflicto que ha dejado 200.000 víctimas mortales, 40.000 desaparecidos y un millón y medio de desplazados internos y externos. Un conflicto de casi 40 años en el que el 83% de las víctimas era maya y la responsabilidad directa del Ejército casi total (un 93% según el CEH).

Las mujeres que “rompieron el terror”

“La estrategia de terror que impulsó el Estado era para que nuestro pueblo ya no hable. Se impuso una cuestión mediática, de que estos son malos y por lo tanto hay que eliminarlos”, dice a DIAGONAL el histórico líder maya k’iche’ Domingo Hernández Ixcoy. Aunque oficialmente el conflicto armado se remonta a 1960, todo empezó realmente en 1954 cuando EE UU orquestó un golpe de Estado para impedir una reforma agraria que perjudicaría a la United Fruit Company. A partir de entonces se sucedieron los gobiernos autoritarios, las desapariciones, las masacres y los ciclos de protestas periódicamente reprimidos con crueldad.

A mediados de los ’80, las guerrillas se encontraban en un punto de reflujo, muchos líderes estaban en el exilio. Por temor a ser víctimas de tortura o de desaparición forzada, nadie se atrevía a protestar. O casi nadie. En esa época empiezan a surgir varios grupos de mujeres, indígenas y ladinas [mestizas], urbanas y rurales, que denuncian las masacres, lideran movilizaciones y, según dice Hernández Ixcoy, “rompen el terror en Guatemala”. A través de las organizaciones creadas —GAM, FAMDEGUA, CONAVIGUA y otras— le plantan cara a Inteligencia militar.

A mediados de los ’80, surgen grupos de mujeres, indígenas y ladinas [mestizas], urbanas y rurales, que denuncian las masacres, lideran movilizaciones y “rompen el terror en Guatemala”

A muchas les costó la vida, pero el trabajo de estas organizaciones “gana los espacios de libertad” para la entrada de otros movimientos sociales, explica Claudia Samayoa, y resultaría clave durante los acuerdos de paz de 1996. Estas organizaciones de víctimas, junto otras que nacieron para apoyarlas,liderarían los procesos de recuperación de la memoria y los primeros juicios contra policías y militares por crímenes de Estado.

En 1993 el caso liderado por Helen Mack, hermana de la antropóloga asesinada Myrna Mack, derivó en la primera condena contra militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales. En 2001, un tribunal condena a dos militares por el asesinato político de monseñor Juan Gerardi. Precisamente en ese tribunal estaba la jueza Barrios. Uno de los últimos hitos de la lucha contra la impunidad fue la sentencia de 2011 por la matanza de la aldea Dos Erres, en la que el Ejército asesinó y torturó con un sadismo desenfrenado a 201 personas. Cuatro militares fueron condenados a 6.060 años de prisión, cada uno.

Las causas del genocidio perviven

“Guatemala avanza dentro del respeto a los valores democráticos”, declaró Pérez Molina tras el veredicto a Ríos Montt. Unas semanas antes el exgeneral, hoy presidente, había impuesto el estado de sitio en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, que se movilizaban para impedir un proyecto minero. Había mandado 3.500 efectivos a la zona. El analista Andrés Cabanas denomina a esta fórmula “neoliberalismo militarista” y expone: “El modelo de acumulación económica y exclusión política no se sostiene sin violencia. El modelo de acumulación no se sostiene exclusivamente con violencia”.

El tejido social destruido por el genocidio se está reparando a través de la lucha por el territorio y los bienes naturales

“Que nos quedemos callados”, decía Domingo Hernández Ixcoy. Pero ya no es posible. Una joven indígena sostenía una pancarta en una de las concentraciones durante el juicio: “Prefiero no recibir fertilizante a negar el genocidio”. Hoy, muchas de las organizaciones sociales guatemaltecas están de acuerdo en que el tejido social destruido por el genocidio se está reparando a través de la lucha por el territorio y los bienes naturales. Desde 2005 se han celebrado 74 consultas de buena fe en las comunidades para impedir el robo de tierras para monocultivos o la imposición de megaproyectos, minería e hidroeléctricas principalmente.

Las consultas ante el saqueo del territorio, motivo último del genocidio de los ’80 y de los abusos y asesinatos actuales, han motivado un cambio “muy profundo”, según explica a DIAGONAL Rosalina Tuyuc, histórica líder maya kakchikquel. A través de las consultas, se está “superando el miedo”, explica Samayoa. El 21 de diciembre de 2012, lejos de ser el fin del mundo, para las comunidades mayas era un cambio de era, el comienzo de otro ciclo, otro baktún. Con un veredicto como el leído por la jueza Barrios, parece que el nuevo baktún empieza bien.

Emma Gascó (Periódico Diagonal)

Entre 1996 y 1998, más de 300.000 mujeres fueron sometidas a un programa de esterilización forzada durante el régimen de Fujimori. El movimiento de mujeres consiguió frenar las esterilizaciones e iniciar los juicios a los responsables. Tras años de dilaciones, el proceso se ha vuelto a abrir a finales de 2012. 

Octubre de 1995. En la Cuarta Conferencia sobre la Mujer el comité peruano tuvo un acompañante inesperado, el único jefe de Estado varón que se presentó en la cumbre: Alberto Fujimori. El presidente peruano se había plantado en Beijing con un programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) bajo el brazo y una sonrisa de actor holliwoodiense en la cara. “¡Las mujeres peruanas deben ser las dueñas de su destino!”, había declarado. El Estado permitiría a las familias de bajos recursos acceder a los métodos de planificación familiar de los que gozan las clases acomodadas. Les proponía reunirse para presentarles la propuesta.

“Fue una gran puesta en escena”, recuerda la abogada y socióloga feminista Giulia Tamayo. “Tengo que entrar a la reunión. Voy a advertirle de que lo voy a estar vigilando, que no se atreva a tocar a las mujeres indígenas”, dijo Hilaria Supa, una de las líderes indígenas más respetadas y representante de la Federación de Mujeres de Anta. “Yo no entro”, dijo Tamayo. El movimiento feminista, que llevaba años de coordinación entre mujeres rurales y urbanas, estaba muy implicado en la lucha por la democracia y la defensa de los derechos humanos. Alberto Fujimori —actualmente en la cárcel por crímenes de lesa humanidad— había dado un autogolpe en 1992 e implementado un amplio programa de privatizaciones y otras medidas neoliberales.

Al poco tiempo Hilaria Supa le mandó un cassette a Giulia Tamayo. Las voces grabadas de mujeres campesinas quechuahablantes denunciaban que, en algún momento de la jugada fujimorista, a la AQV se le había caído la ‘V’: no se trataba de una anticoncepción quirúrgica voluntaria, sino obligatoria. Tamayo empezó a finales de 1995 a entrevistar a mujeres que habían sido esterilizadas. Con ayuda de Supa, comenzó a hablar con las mujeres andinas de Anta y Ayacucho que, aun “a sabiendas de que a ellas las podían desaparecer en cualquier momento”, habían sido las primeras en reaccionar.

“Encontré evidencias de cuotas, de un programa coercitivo. El informe contiene unos 250 casos, pero los testimonios eran muchos más”, y abarcaban todo el país, cuenta a DIAGONAL la investigadora. Gracias a su informe, el primero que se realiza y que luego da lugar al documental Nada Personal, quedó al descubierto el alcance del programa.

En las zonas más pobres, las cuotas eran más altas. Para cumplir con la cifra asignada a cada centro médico, se organizaban festivales de la ligadura de trompas: había bailes, fuegos artificiales y se podía ir al dentista o a la peluquería gratis. A las mujeres más pobres se les prometía una dentadura postiza, unas gafas o, simplemente, unos kilos de trigo o arroz, que a veces ni les daban.

Los insultos racistas y las amenazas eran comunes. “¡Hoy, en Perú, sólo los ricos pueden tener tantos hijos!”. A muchas las sacaban de casa a rastras, literalmente, bajo la amenaza de acusarlas de terroristas a ellas o a sus maridos. A efectos prácticos, en medio de un conflicto armado que se estima que dejó 69.280 víctimas mortales, ser acusada de ‘terruca’ era una sentencia de muerte.

En otras ocasiones, las mujeres ni siquiera sabían que iban a ser esterilizadas. Justo después del parto o con el pretexto de vacunarlas, las habían anestesiado y, en un visto y no visto, las habían operado. A veces, ni siquiera con la anestesia necesaria. Después de la operación, ninguna asistencia médica. Muchas de las mujeres operadas padecieron infecciones. Se tiene constancia de 18 muertes a raíz de las intervenciones, pero podrían ser muchas más. El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer estima que entre 1996 y 1998 unas 300.000 mujeres fueron esterilizadas y a unos 16.000 hombres se les practicó una vasectomía. La gran mayoría no denunció los hechos. Actualmente existen 2.086 casos pendientes en este macro juicio.

DESMONTAR EL ESTIGMA

La idea de fertilidad de la mujer y la madre tierra está muy unida en la tradición indígena quechua y aymara. Las mujeres esterilizadas no solo tuvieron que sobrellevar los dolores sino el estigma ante sus comunidades, que las repudiaban por ser estériles, porque iban a esterilizar la tierra. En el caso de Anta, Hilaria Supa junto con otras 12 mujeres le dieron la vuelta al estigma. Asociaron la defensa de su cuerpo con la defensa del territorio. Reivindicaron sus cuerpos, su identidad indígena y la protección de la tierra frente a las agresiones externas. Las mujeres de Cusco empezaron a hacer rituales de sanación con la hoja de coca y se convirtieron en inspiración para las mujeres de otras regiones.

Para Tamayo todo el programa era una cuestión de recursos: “Era más barato esterilizar mujeres que invertir en anticoncepción y educación. Era la forma más rápida para reducir los indicadores de mortalidad materna y la tasa de natalidad, que se veían mal para el Banco Mundial, para todos los criterios de modernidad. La tasa de fecundidad tenía que ser reducida drásticamente. Y eso entraba dentro de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional”. En ese momento se estaba renegociando el pago de la deuda y la obtención de créditos y, en una interpretación neo-maltusiana de los motivos de la pobreza, la demografía cobra fuerza: demasiadas personas y pocos recursos. Fujimori, profesor de matemáticas devenido dictador, echó sus cuentas.

Desde mediados de 1996, gracias a que algunos medios de comunicación publicaron pruebas de que las esterilizaciones eran obligatorias, los colectivos de mujeres consiguieron desacelerar el ritmo de intervenciones. Estas denuncias ponían al Estado en una situación delicada de cara a sus financiadores, entre los que se encontraba como principal donante la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID).

La polémica estalló con toda su fuerza en junio de 1998, cuando se publicó un reportaje sobre el caso de Mamérita Mestanza. Su muerte, a raíz de la operación, había dejado siete huérfanos. Ante la denuncia pública, el Estado peruano optó por frenar las esterilizaciones y destruir todas las pruebas del programa.

REAPERTURA DE LA CAUSA

Entre escándalos de violaciones de derechos humanos y corrupción, Fujimori huyó del país en el año 2000. Para Tamayo, “las esterilizaciones lo que hacen es ponerle la guinda. La gente que se creía que estaba a salvo del conflicto armado y que nunca iba a tener un desaparecido, veían que sí podían tener en la familia una mujer esterilizada”.

En 2003, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Perú se comprometió a reparar a las víctimas y a avanzar en los juicios. Según la Corte, podría tratarse de un “genocidio”. Algunas de las reparaciones, como la prestación económica y de salud, sí se han realizado. Pero los juicios se han demorado durante años hasta que en noviembre de 2012 la reapertura de la causa contra los ministros de Salud, ocho altos funcionarios y el propio Fujimori se hizo efectiva.

Sin embargo, según expone a DIAGONAL la abogada de derechos humanos y representante de las afectadas Gloria Cano, no se ha dotado a la fiscalía que investiga de los recursos necesarios: “Teniendo en cuenta la cantidad de las víctimas, tendría que haber una fiscal dedicada en forma exclusiva. Si el Ejecutivo no presiona creando alguna comisión propia o destina recursos es muy difícil que la investigación se realice”.

Hilaria Supa transmite la principal demanda de las afectadas: “Que estos hechos sean denunciados ante la justicia, que la justicia castigue tanto a Fujimori como a sus ministros”. Según explica Tamayo, el motivo que subyace a las dilaciones en el caso de las esterilizaciones forzadas es que las estructuras fujimoristas permanecen intactas: “Aguinaga, que fue el ministro de Salud bajo el cual se llevó adelante este programa, es el hombre fuerte del Congreso. Son todos esos intereses los que no se quieren tocar”.

Martín Cúneo (Periódico Diagonal)
Los responsables de los crímenes de la dictadura argentina y de la gran crisis económica de 2001 empezaron a tener miedo: se había inventado el escrache. Ahora que el movimiento de afectados por la hipoteca ha advertido que utilizará esta herramienta si no se aprueba la Iniciativa Popular Legislativa tal como ha sido propuesta resulta útil repasar el origen de esta ruidosa estrategia.

Las leyes de amnistía y los indultos habían dejado en la calle a los responsables de la desaparición de 30.000 personas, de la tortura de otros miles de supervivientes y el secuestro de cientos de menores. La apertura de juicios en el exterior había provocado una situación al menos curiosa: en la segunda mitad de los ’90 el único sitio donde los criminales de la última dictadura argentina podían sentirse seguros era en Argentina.

Junto con el corte de ruta, esos años dieron a luz una nueva forma de protesta, esta vez procedente de una nueva generación del movimiento de derechos humanos, los hijos de los desaparecidos. En 1995, una superviviente de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) acudió a una consulta médica en el Sanatorio Mitre, en el barrio Once de la capital. Descubrió que entre los trabajadores del hospital figuraba un médico llamado Jorge Magnaco. Nadie, ni en el hospital donde trabajaba ni en el bar donde tomaba café ni en la tienda del barrio donde compraba, sospechaba que ese hombre maduro, calvo y de barba blanca recortada había sido el encargado de los partos en el centro de exterminio de la ESMA.

Durante cuatro viernes seguidos, la organización HIJOS marchó desde el sanatorio hasta la casa del médico. Pegaron carteles con su cara y sus crímenes. Repartieron panfletos contando quién era su compañero de trabajo, quién era su vecino. Había nacido el ‘escrache’, una modalidad de lucha que se generalizó contra todos los represores que conseguían localizar y confirmar su identidad. “Ante la ausencia de justicia hagamos que el país sea su cárcel”, se convirtió en el lema de la estrategia impulsada por HIJOS y coordinada con las organizaciones populares de cada ciudad y cada barrio. En el caso de Magnaco, los resultados fueron inmediatos: fue despedido de su trabajo y en una reunión de la comunidad de su edificio le pidieron que se marchara.

“Si no hay Justicia, hay escrache”, era la advertencia. Con pintadas, retratos fotocopiados, teatro callejero, pintura roja, huevos, reparto de ‘volantes’ a los vecinos, incluso casa por casa, los activistas de HIJOS consiguieron que, a falta de una condena judicial, los criminales reciban, al menos, una condena social.

Una herramienta útil

Cuando la crisis económica argentina estalló en diciembre de 2001, el escrache trascendió el ámbito de los derechos humanos. Con el Corralito, se generalizó para localizar, señalar a los responsables de la ruina del país y de millones de argentinos tras una década de corrupción descarada y políticas neoliberales. Pocos políticos, jueces y grandes empresarios argentinos de la época pueden afirmar, sin faltar a la verdad, que nunca fueron escracheados.

“Nuestros escraches son producto de un trabajo, de una reconstrucción social y de la necesidad de contar otra historia”, decía Florencia Gemetro, activista de HIJOS, a Página12. “Otra cosa es esta expresión de la impotencia multidirigida, en la que cualquiera puede ser escrachado. Cuando se le grita a un político en la calle, esos gritos no provienen de un modo de entender la justicia. Si el sentido del escrache no es conseguir justicia popular, corre el peligro de desvanecerse en el vaciamiento político: no queda nada después, porque no hubo toma de conciencia ni organización”, agrega.

ESCRACHES EN OTROS PAÍSES

Chile

La modalidad del escrache no tardó en extenderse a otros países con las mismas situaciones de impunidad. En Chile fueron las ‘funas’, auténticos trabajos de investigación, como el que llevó hasta el asesino de Victor Jara, que trabajaba en un Ministerio de Santiago de Chile.

Ecuador

En abril de 2005, cientos de personas realizaron un escrache alrededor de la casa familiar del presidente Lucio Gutiérrez. “Forajidos”, les llamó entonces este excoronel. Una denominación que aceptarían encantados y con la que conseguirían destituirle pocos días después.

Martin Cúneo / Lago Agrio (Ecuador) Publicado en Diagonal
La justicia ecuatoriana obliga a Chevron a pagar 19 mil millones de dólares. Y la argentina embarga todos sus bienes. El fin del “juicio del siglo” está más cerca.

En un proceso inédito en el mundo, en enero de 2012 la justicia ecuatoriana confirmaba la sentencia emitida un año antes: la petrolera Chevron-Texaco es culpable de haber arrojado millones de toneladas de material tóxico a la selva amazónica y debe pagar una factura de 19,2 mil millones de dólares, la cifra más alta en la historia de las indemnizaciones judiciales. Los abogados de los 30.000 indígenas y campesinos que forman la Asamblea de Afectados por Texaco no tardaron en iniciar los trámites para cobrar el dinero. Pero no en Ecuador, donde la compañía estadounidense hace tiempo que retiró sus activos, sino en Canadá, Brasil, Colombia y Argentina.

Fue en este último país donde el trámite dio sus primeros resultados. El 7 de noviembre la justicia argentina decretaba el embargo de todos los activos de la compañía. Una noticia que no ha gustado especialmente a los inversores: la novena petrolera más grande del mundo empezaba el mes de diciembre con fuertes caídas en bolsa. El primer paso para reparar uno de los mayores vertidos tóxicos de la historia ya está dado.

Texaco vertió durante 28 años las aguas de formación, un líquido altamente tóxico extraido junto al petróleo, directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. / Foto: Edu León

 
El primer barril de petróleo

El 27 de junio de 1972, el primer barril de petróleo de la Amazonía ecuatoriana llegaba a Quito, donde era recibido con todos los honores de un jefe de Estado. Acomodado sobre una almohadilla, encima de un tanque, el cortejo avanza hasta el templete del Colegio Militar, en medio de un desfile multitudinario. A los lados de las calles se agolpaban los quiteños que daban la bienvenida a una nueva “era de prosperidad”, según la voz nasal del Noticiero Nacional.

Cuarenta años después, la región desde donde fue extraído el petróleo que llenó aquel barril es la más pobre de Ecuador. Y la que presenta mayores índices de cáncer de todo el país. El aire huele a gasolina, la tierra huele a gasolina, el agua huele a gasolina.

En una cafetería del centro de Lago Agrio, la capital de esta región petrolera, Hermenegildo Criollo nos cuenta el primer encuentro con la Texaco. Criollo había nacido en la comunidad cofán de Dureno. Tiene suficiente edad para acordarse. Los ríos que rodean la aldea proporcionaban agua para beber y pesca en abundancia. Los bosques, animales para cazar y medicinas naturales.

Llegaron con helicópteros. “Todo el mundo estaba asustado, en nuestra vida habíamos visto algo así, volando por el aire, y nos escondimos en la selva”. Era 1964. Texaco empezaba a levantar la infraestructura del primer pozo, Lago Agrio I. “Fuimos caminando y vimos cinco hectáreas de bosque talado. Ellos nos llamaron para que nos acercáramos allí”. En aquellos años no hablaban una palabra de castellano, cuenta Criollo. Mucho menos de inglés. Les dieron tres platos, algo de comida y cuatro cucharas. Ése fue el único pago que recibieron a cambio de centenares de miles de hectáreas.

A los pocos días, los cofanes advirtieron un cambio en el ruido que venía de las máquinas.La compañía empezaba a perforar. Una mañana en la orilla del río, muy cerca de la comunidad, apareció una gran mancha negra.
—¿Qué es esto? ¿De dónde viene?— dijeron en la comunidad. Ni los mayores ni los chamanes habían visto en sus días un derrame de petróleo.

“Ni sabíamos qué era el petróleo”, dice Hermenegildo Criollo. Los derrames y los vertidos tóxicos terminaban fluyendo hacia el río que utilizaban los cofanes para beber, para bañarse, para regar sus cultivos, donde bebían los animales. “Movíamos hacia los lados el petróleo y tomábamos el agua de abajo. No sabíamos que el agua estaba contaminada”, dice Criollo.

“Y entonces empezaron los dolores de estómago, los dolores de cabeza. Nos bañábamos en el río y todo el cuerpo quedaba con sarpullidos. Eran enfermedades que nunca habíamos visto”. Su primer hijo falleció con seis meses por problemas de crecimiento. El segundo nació sano, pero las cosas no tardaron en torcerse. “Cuando tenía tres años, ya podía nadar y caminar. Yo lo llevé un día al río. Y el niño, mientras se bañaba, tomó agua contaminada. Cuando llegó a la casa empezó a vomitar. Terminó vomitando sangre. Antes de 24 horas falleció. Dos hijos. Desde ahí yo dije ¿qué puedo hacer, cómo podemos defendernos de las enfermedades que vienen de todos lados?”.

El caso de la comunidad de Dureno no era aislado. Cuando  Texaco abandonó Ecuador en 1992, olvidó llevarse 60,5 millones de litros de petróleo que había derramado en el ecosistema amazónico y 68 mil millones de litros de aguas tóxicas que había vertido en los ríos. Por no hablar de los 235 mil millones de pies cúbicos de gas que había quemado al aire libre.Un desastre ambiental y social solo comparable con los más grandes de la historia: Chernóbil, el derrame del golfo de México, Bophal o el Exxon Valdez. Aunque en este caso no se trató de un accidente, sino de una acción deliberada para ahorrar gastos, tal como determinó la sentencia del juicio.

La Texaco arrojaba los desechos tóxicos relacionados con la prospección petrolera en piscinas al aire libre. Cuando llovía las piscinas descargaban el material tóxico en los ríos. En toda la región hay cerca de mil piscinas como ésta. / Foto: Edu León

Indígenas y colonos

Una de los principales obstáculos para hacer frente a la Texaco era la desconfianza entre los dos principales grupos de afectados por la contaminación: los pueblos indígenas y los colonos, pobladores de la sierra ecuatoriana que habían llegado a la región en busca de trabajo a medida que la Texaco ganaba terreno a la selva.

Humberto Piaguaje pertenece al pueblo secoya. Apenas quedan 445 miembros de su cultura milenaria, acechada por los vertidos y los cambios forzados en su forma de vida. “Fue un proceso de construcción bien difícil al inicio”, dice. Recuerda cuando Luis Yanza, uno de los primeros líderes de los colonos, empezaba a convocar reuniones: “La gente decía: ‘Chuta, ¿cómo nos vamos a unir con los colonizadores? Si ellos también vinieron a destruir nuestra selva”. Las orillas del río, de donde obtenían el agua y la pesca, estaban constantemente enfangadas de petróleo. Las enfermedades, para las que no tenían cura, diezmaban la población, ponían al borde de la extinción sus costumbres, su lengua, sus relatos y creencias.

“Nosotros nos sentíamos muy solos frente a esto. Pero dijimos: ‘no, pues, tenemos que luchar más allá de todo eso, tenemos que enfrentar uniéndonos todos. A pesar de haber tantos conflictos, de no conocer la cultura, de hablar otros idiomas, hicimos el Frente de Defensa de la Amazonía”, dice Humberto Piaguaje.

Años después, en 2001, la organización se amplió con la creación de la Asamblea de Afectados por la Texaco. Hoy Piaguaje ejerce como subcoordinador legal de esta organización que reúne a 30.000 indígenas y colonos. El objetivo principal de la Asamblea se convirtió en conseguir a través de los tribunales justicia y reparación de todo el daño ambiental y social producido por la Texaco en su 28 años de actividad petrolera.

Pablo Fajardo empezó a trabajar en el caso cuando le faltaba un año para terminar la carrera de Derecho. Poco después se convertía en el principal abogado de los afectados, enfrentado a un equipo de letrados con décadas de experiencia y un presupuesto millonario / Foto: Edu León

“El juicio del siglo”

En 1993, un grupo de abogados, colonos e indígenas ya habían iniciado una demanda en Nueva York contra la Texaco. Pero el juicio fue bloqueado sistemáticamente por el millonario equipo de abogados de la compañía. El principal argumento de la petrolera era que el juicio debería realizarse en Ecuador. “Texaco consideraba que acá la justicia es muy corrupta y podían comprar a los jueces con cualquier centavo”, explica Alejandra Almeida, de Acción Ecológica. En 2002, la Texaco conseguía su objetivo: el juicio de Nueva York era trasladado a Ecuador.

Pero las cosas no salieron como esperaba la compañía, dice Almeida: “Ellos no contaron con que la movilización iba a estar vigilante todo el tiempo y eso iba a presionar a los jueces para que no se puedan vender. Teniendo ahí cientos y cientos de indígenas a la puerta de la Corte a ningún juez se le va a ocurrir hacer alguna barbaridad. En Ecuador los juicios se ganan en las calles. Con eso no contaba Texaco”. Los medios de comunicación empezaron a hablar del “juicio del siglo”.

El 23 de junio de 2003 se inició el proceso contra la Chevron-Texaco en Lago Agrio. Como ayudante de los abogados que representaban a los 30.000 afectados figuraba un joven llamado Pablo Fajardo. Había nacido en una familia humilde de colonos. Estaba a punto de terminar sus estudios de Derecho a distancia.

“Yo estaba asistiendo a dos abogados de Quito muy prestigiosos. Uno vivía en EE UU, otro en Quito, pero se enfermó durante el juicio. Y en 2005 me tocó asumir el juicio a mí. Yo entonces llevaba apenas un año de ser abogado. Frente a mí estaban ocho abogados de Chevron. El que menos tenía 25 años de experiencia”, cuenta Pablo Fajardo en su despacho de Lago Agrio. Más de dos habitaciones enteras son necesarias para almacenar todo el material del juicio: 230.000 hojas que recogen los testimonios de los afectados, los análisis sobre el terreno y los datos de 18 años de litigio.

El final de “una guerra de 50 años”

Es difícil imaginar un juicio más desigual. Desde el inicio del proceso, Chevron ha gastado más de mil millones de dólares en abogados y peritajes. “Nosotros hemos tenido que ir rebuscando hasta el último centavo para seguir en esta batalla. Y no solo esta diferencia es considerable, sino que ellos tienen recursos para manipular cualquier información, para comprar Gobiernos, para sobornar a periodistas, tienen dinero suficiente para manejar el mundo entero”, dice Fajardo.

Estas diferencias y su inexperiencia como letrado no parecieron ser un obstáculo frente a los abogados de la Chevron-Texaco. Le respaldaba una evidencia de contaminación que la propia empresa no se molestó en negar en ningún momento. A lo sumo, intentó matizar su alcance.

Entre 2003 y 2010, el juicio avanzaba sin buenas perspectivas para la multinacional. Su equipo de abogados no dejó de probar ninguna táctica. Primero intentó impugnar el juicio porque la Asamblea de Afectados era un “asociación criminal” dedicada a extorsionar a la compañía. Luego intentó que el juicio volviera a Estados Unidos porque en Ecuador ya no se daban las condiciones para un proceso justo.

No funcionó. La presión fuera de los juzgados era constante. Al igual que las marchas a Quito, apoyadas por grupos ecologistas, la confederación indígena de la Amazonía y la confederación indígena de todo Ecuador. También fueron constantes las asambleas masivas, las tomas de la Procuraduría General de la República y las guardias de vigilancia, todas las horas del días, todos los días del año, para impedir contactos indeseados entre los representantes de la empresa y los jueces.

Una salida colectiva

El 14 de febrero de 2011, la justicia ecuatoriana por fin emitió un fallo. Y lo repitió en enero de 2012: Chevron-Texaco era culpable. Debía pagar 19,2 mil millones de dólares, la indemnización más alta de la historia de la humanidad. Pero los afectados no pensaban convertirse en millonarios rodeados de contaminación y miseria. Los 30.000 demandantes determinaron que el dinero no se iba a repartir individualmente sino de forma colectiva. La mayoría de la indemnización servirá para la reparación ambiental. El resto, para hospitales, escuelas, suministro de agua potable y otras inversiones para el desarrollo de la región.

Ahora sólo falta cobrar el dinero, algo que no es sencillo, ya que Chevron no tiene activos en Ecuador. “Tenemos que obligar con la ley a que Chevron pague por el crimen cometido. Allí donde haya activos de Chevron iremos”, dice Pablo Fajardo. La justicia argentina ha sido la primera en acceder al reclamo ecuatoriano. Pero será necesario acudir a más países para completar la reparación. Canadá, Brasil y Colombia son algunos de los países donde continuará la lucha por compensar el daño provocado por la Texaco entre 1964 y 1992.

Independientemente de lo que ocurra con la indemnización, el juicio ya es “histórico”, dice Fajardo. Para este abogado, este proceso no sólo afecta a Chevron, a los demandantes y a la Amazonía. “Lo que está en juego es todo un sistema empresarial que por décadas ha cometido enormes crímenes con total impunidad en América Latina, en África, Asia y en todas partes del mundo. Este juicio puede cambiar las reglas del juego”, dice.

Pablo Fajardo habla de una “guerra de casi 50 años” en la Amazonía ecuatoriana. Los primeros 28 años fueron una “masacre constante” de Texaco, 28 años en los que estuvo “bombardeando con tóxicos” el aire, el agua, la tierra, la selva. “Los últimos 18 años hemos ido reaccionando poco a poco y hemos podido enfrentar a este poder real. Hasta hace pocos años atrás, la gente en Ecuador y en el mundo pensaba que era imposible que un grupo de indígenas, de campesinos, de gente pobre, de un país ‘tercermundista’ pueda enfrentar a una empresa poderosa como Chevron. Estamos demostrando que es posible y que se puede hacer, que es posible ir mucho más allá, que se pueden cambiar las cosas, que no son intocables, que ellos no son invencibles”.

Mercedes Olivera es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas  y asesora y fundadora del Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana./ Foto: Emma Gascó

Emma Gascó (entrevista publicada en Píkara Magazine)

Académica y activista, Mercedes Olivera es pionera en la antropología feminista mexicana. Desde los años setenta trabaja por los derechos de las mujeres en Chiapas.

¿Cómo ha evolucionado la situación de las mujer indígena en la historia de México?

Con la colonia se agudiza la opresión y la desigualdad. Y, por el proceso mismo de cómo se construye la cultura indígena, la subordinación de las mujeres se incrusta, se asume como parte de la etnicidad. En el siglo XIX todavía se profundiza más porque las leyes marcan la famosa igualdad para todos los mexicanos, pero la condición para ser ciudadanos era saber leer y tener propiedades. Y los indígenas no sabían leer ni tenían propiedades.

“El feminismo indígena no se desliga del movimiento social. El principal problema que tienen las indígenas es el hambre, y vemos que esa pobreza es parte de la subordinación de género, de clase, de etnia, juntas, que no se pueden separar. Necesitamos articular nuestras luchas, pero la relación entre indígenas y no indígenas es muy difícil” 

Estas formas culturales que legitiman la desigualdad y la convierten en un rasgo étnico se conservan hasta muy tarde. Yo trabajé aquí en los sesenta y entonces todavía las mujeres, la mayor parte monolingües, no podían hablar con gente de fuera. En algunos grupos no podían alzar la cabeza para ver a los hombres. Las mujeres no podían heredar la tierra y su propio cuerpo era vendido con el casamiento. La opresión de género y la opresión económica de clase estaban íntimamente relacionadas.

¿Cómo afecta la entrada de las comunidades en el sistema de mercado?

En los años setenta y ochenta se produce la monetarización de la economía indígena, se cambia la producción para adaptarla a la venta… Esa relación con el Estado a través del mercado, que se da de forma subordinada, por supuesto, hace que la política indigenista penetre en las comunidades. A través de la escuela penetra la cultura occidental, que no es una forma de liberación de las mujeres, aunque sí un espacio en donde las mujeres tienen posibilidad de conocer otra cultura… y de tener un poco más de información. De esta forma se sientan las bases para el resquebrajamiento de las estructuras comunitarias que controlan la continuidad de la opresión de las mujeres.

Pero a la vez la incorporación al mercado permite que los hombres acumulen mayor poder. La diferencia entre los que tienen dinero y las mujeres, que no tienen, profundiza la subordinación, cualitativamente. Hace que las mujeres dependan muchísimo más de los hombres. Antes de que hubiera una dominación del mercado en las comunidades, la necesidad de colaboración era mucho más fuerte. Es el cambio cultural de los hombres hacia la occidentalización, incluyendo el concepto de sentirse machos. El machismo de Occidente tiene formas muy especiales, es muy violento… Ésta es la forma que predomina en las comunidades antes de 1994, cuando se da el levantamiento zapatista.

¿Qué diferencias encuentras entre el feminismo de corte más occidental, eurocéntrico, y el feminismo indígena?

En nuestro país, el feminismo indígena no se desliga del movimiento social. El principal problema que tienen las mujeres indígenas es el hambre, y vemos que esa pobreza es parte de la subordinación de género, de clase, de etnia, juntas, que no se pueden separar. Las reivindicaciones entorno al cuerpo, al placer, a la realización personal están muy lejos. El feminismo occidental es liberal, individualista, allí tenemos una contradicción muy grande. Las comunidades indígenas siguen funcionando como colectivos. Los planteamientos y reivindicaciones de unos y otros son totalmente diferentes. Necesitamos articular nuestras luchas, pero no hemos encontrado las formas. La relación entre indígenas y no indígenas es muy difícil, en el trasfondo hay un racismo, queramos o no queramos. Incluso de ambos lados.

¿Por qué es tan novedoso el zapatismo?

Es la primera vez que hay una oposición política con una lógica de emancipación y de liberación desde los indígenas, y para toda la sociedad además. Y sobre principios muy novedosos que en la izquierda no manejábamos. El mandar obedeciendo es un principio fundamental… Y muy difícil de cumplir. La izquierda tradicional es excluyente y permite la acumulación de poder.

En la época que va desde 1994 a 2002 el zapatismo parecía quedarse a nivel del discurso, porque en las propias comunidades, sobre todo en el caso de las mujeres, había mucha desigualdad. Si toda la sociedad es sexista, ¿por magia iban a ser los zapatistas diferentes? Era una época muy difícil: el gobierno coopta a muchas de las bases que eran zapatistas, es un momento de guerra, hubo violaciones de mujeres, abusos, raptos…

“Después de 2003 volvimos a dar talleres de género en uno de los caracoles. La mayor parte eran hombres, vimos el género desde su masculinidad. Después me dijeron: “Mercedes, ya entendimos, y aceptamos quelos hombres somos los machos y hemos dominado… Pero ¿dentro del marxismo en dónde metemos esto?”. “En todo”, les respondí”

En el 2002, 2003 se hace un análisis de todos estos problemas. Un comunicado del EZLN señalaba tres problemas fundamentales en el desarrollo del proyecto: uno era el mandar obedeciendo, que no había cuajado; otro era que el poder militar estaba impuesto sobre el poder civil; y el otro era que las mujeres no participaban, a pesar de que existía esa posibilidad.

Se hacen estrategias para resolver estos problemas. Para mí son una de las enseñanzas políticas más importantes, porque aún sacrificando la extensión de sus bases, consolidan el proyecto político, hacia dentro. Y les permite establecer sus propias estructuras. Eso y la organización de mujeres son elementos fundamentales para la concreción de su proyecto político.

¿Cómo cambia la estrategia en relación con la participación de las mujeres?

Antes de 2003 ellos planteaban que no era necesario trabajar específicamente con las mujeres, había que trabajar con las comunidades. Eso impedía que las mujeres pudieran realmente pasar de una subordinación tradicional de siglos a una participación política.

Después de 2003 volvimos a dar talleres en uno de los caracoles. Ellos querían saber qué era eso del género y cómo se comía. La mayor parte eran hombres, vimos el género desde los hombres, desde su propia intimidad, su propia masculinidad… Una vez que aceptan su posición de poder, es más fácil que entiendan toda la dinámica.

Después de muchos días me dijeron: “Mercedes, ya entendimos eso del género, y aceptamos que sí, que los hombres somos los machos y hemos dominado… Pero ¿dentro del marxismo en dónde metemos esto?”. “En todo”, les respondí. Y se quedaron paralizados. “¿Y cómo?”. Empezamos a trabajar desde el enfoque de clases cómo ir ubicando la discriminación y la desigualdad hacia las mujeres.

¿Cómo ha influido el zapatismo en México y en el mundo?

El zapatismo renovó las esperanzas y las posibilidades de cambio social y político porque las izquierdas estábamos ya decepcionadas de los diferentes caminos seguidos, y los fracasos obtenidos. Por ejemplo, las guerras en Centroamérica, que costaron muchas vidas, muchos sacrificios y que no llegaron a nada. Se rompieron en algunas partes las estructuras militares, pero las estructuras capitalistas de poder continuaron.

En la primera convención en 1994, llegamos mucha gente, todos con el afán de apoyar a los zapatistas. El discurso de Marcos empezó diciendo “no queremos apoyos, no necesitamos apoyos, necesitamos que cada quien haga su propia revolución, su propia estructura, sus propias organizaciones y que paralelamente vayamos todos juntos en este camino”. Es interesante este rompimiento del verticalismo. No es que tú me vienes a ayudar y yo decido en qué me ayudas y cómo… es adquirir el compromiso de involucrarte dentro de tu propio proceso.

¿Cuáles son los principales logros del proyecto zapatista?

El principal logro es haber persistido, a pesar de la guerra, las oposiciones, las críticas, el aislamiento… El haber creado sus propias estructuras y con ellas demostrar la posibilidad de otras formas de vida y de relacionarse, como el planteamiento en la participación de mujeres y hombres. Y la estructura de educación. Con nuestro pensamiento ortodoxo decíamos “pero no están dando formación política, ¿dónde están sus cuadros?”. Es una cosa totalmente diferente al sistema escolar occidental y es realmente el eje de la vida política que realizan, el eje del funcionamiento de las comunidades y el eje de las transformaciones.

Bolivia, 2005. Evo Morales asume el poder en Tiwanaku / Foto: Olmo Calvo

MARTÍN CÚNEO / PUBLICADO EN DIAGONAL
¿Es posible destituir un gobierno con movilizaciones populares, construir desde abajo un proceso constituyente, inventar otras “reglas del juego”? Pasen y vean lo que ocurrió en América Latina.

Primero las “pequeñas diferencias”, como diría John Travolta en Pulp Fiction. En la Argentina pre corralito nadie hablaba de “prima de riesgo”, lo llamaban “riesgo país”. Nadie hubiera entendido un titular con la palabra “rescate”, lo llamaban “salvataje” o “megacanje”. Pero en todos lados significa más o menos lo mismo: financiación internacional a cambio de priorizar el pago de la deuda, reducir el gasto social, congelar salarios, aumentar el IVA, facilitar el despido, desregular y privatizar.

Manuela Gallegos fue una de las “forajidas” que formó parte de la revuelta que destituyó al presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez en 2005. Esta activista identifica semejanzas entre este movimiento y el 15M español. “Era una forma de decir ’ya basta’, no me fastidien más, dejen de tomar mi voto como el poder de ustedes para hacer lo que les da la gana”, cuenta a DIAGONAL. Pero también señala una de las grandes diferencias: “En España es más difícil, porque la institucionalidad es mucho más fuerte, aquí no había nada”.

Hasta 1997, “la opinión mayoritaria sostenía que no se podía derrocar un Gobierno en el Ecuador”, dice Edgar Isch, del partido Movimiento Popular Democrático. Se equivocaban. Ese año una coalición liderada por el movimiento indígena y apoyada por la clase media y diversos sectores políticos consiguió desalojar del poder a Abdalá Bucaram. Lo mismo ocurrió con Jamil Mahuad en 2000. Y con Lucio Gutiérrez en 2005. Los tres llegaron al Gobierno prometiendo política social y transparencia, dos de ellos incluso “el fin de la oligarquía”. Todos realizaron las mismas políticas neoliberales salpicadas de escandalosos casos de corrupción.

En el peor momento de la crisis ecuatoriana, tras diez años de políticas neoliberales, la pobreza afectaba al 70% de la población. En tres años, un millón y medio de ecuatorianos había tenido que emigrar. La especulación, al igual que en Argentina, era el negocio más rentable. La burbuja estaba a punto de estallar. En noviembre de 1998, los grupos financieros, que “controlaban la economía y el sistema político”, consiguieron que el Estado asumiera todas las deudas de las entidades financieras, según cuenta a DIAGONAL el economista Pablo Dávalos. Una vez conseguido esto, “los bancos se retiraron” y todo el sistema cayó.

“Era el fracaso del Consenso de Washington”, dice Dávalos. “Lo más interesante es que esa clase media que perdió los ahorros de su vida también perdió la confianza en el sistema político. Pensaban que el neoliberalismo era una cuestión de otros países, una cuestión de los más pobres. Cuando el neoliberalismo llegó y les golpeó en los bolsillos, ahí la clase media se dio cuenta de que lo que siempre habían dicho los grupos de izquierda era cierto”. Lo mismo ocurrió en la Argentina del corralito en diciembre de 2001.

“There is no alternative”, decía Thatcher

El politólogo Francis Fukuyama sostenía en 1989 que después de la caída del “socialismo real” nadie podría impedir el avance del liberalismo económico. Pero un nuevo sujeto político crecía en el desierto dejado por la crisis del sindicalismo, víctima de un modelo que había creado un auténtico ejército de personas excluidas, que sobrevivían en el mercado informal o se veían abocadas al desempleo.

En Argentina fueron las organizaciones de desempleados. En Ecuador, el movimiento indígena. En Bolivia, el movimiento indígena y las organizaciones vecinales de El Alto y Cochabamba. Todos estos movimientos consiguieron de alguna forma dejar en evidencia a Fukuyama. En Argentina, en diciembre de 2001 era destituido Fernando De la Rúa. En Bolivia en octubre de 2003 caía Gonzalo Sánchez de Lozada. Igual que cayó dos años más tarde Carlos Mesa, también en Bolivia.

Los movimientos sociales no sólo ejercían el “poder destituyente”. También se convertían en “poder constituyente”. La demanda de “refundar el país” a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se convirtió en una de las principales reivindicaciones de estos movimientos.

Destituir y constituir

En muchos países de la región la aplicación de las políticas neoliberales terminó por destruir a los partidos políticos tradicionales, que habían acaparado el poder con diversos acuerdos de alternancia política. En el caso de Venezuela, tras el hundimiento del bipartidismo, el proceso constituyente se abrió sin necesidad de unos movimientos que demostraran su capacidad de tumbar gobiernos. En el caso de Ecuador y Bolivia, destituciones y nuevas constituciones fueron de la mano. Aunque no siempre con los resultados esperados.

Para la activista feminista Julieta Paredes, la Asamblea Constituyente en Bolivia, entre 2006 y 2007, fue el punto culminante de la participación popular. “El proceso de la nueva Constitución significó desmitificar los libros sagrados. Pudimos escribir nuestras ideas, nuestra concepción de la sociedad, aunque éramos analfabetas, analfabetos… Y lo que se puede escribir mañana lo podemos borrar y reescribir”, dice a DIAGONAL

En diciembre de 2007, la Constitución fue entregada al presidente Evo Morales, pero fue bloqueada durante más de un año por los parlamentarios de derecha. En 2008, el mismo día que una gigantesca marcha rodeaba el Congreso, los partidos llegaron a un acuerdo en el interior del edificio: la derecha destrabaría la nueva Constitución a cambio de unos “ajustes” en el texto. Entre los cambios más polémicos se encontraba la legalización de los transgénicos y de los latifundios existentes hasta la fecha, sin importar su tamaño.

Pese a las modificaciones de última hora, la nueva Constitución boliviana seguía recogiendo históricas demandas de los movimientos. Entre ellas, la prohibición de privatizar el agua, una mayor participación del Estado en la economía, la protección de la hoja de coca, la prohibición de bases militares extranjeras y la figura del referéndum revocatorio para todos los cargos electos, un derecho ciudadano que comparten las constituciones de Venezuela y Ecuador.

¿Constitución verde o papel mojado?

Igual de participativo fue el proceso en Ecuador, sobre todo en comparación con los anteriores, relata a DIAGONAL el presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta. Aunque el movimiento indígena tuvo apenas cinco representantes, muchas de sus demandas se vieron reflejadas. La principal fue el reconocimiento de Ecuador como un Estado “plurinacional”.

Otras demandas de los movimientos sociales que fueron recogidas en la Carta Magna fueron el reconocimiento de los “derechos de la naturaleza”, la prohibición de transgénicos, de la tercerización laboral y de bases militares extranjeras, así como un mayor control del Estado sobre los recursos naturales y los sectores estratégicos como la energía o el agua, que no podría ser privatizada.

Una vez aprobada la nueva Constitución, el frente común entre los movimientos sociales y el Gobierno de Rafael Correa no tardó en romperse. Frente a los “derechos de la naturaleza” consagrados en el texto constitucional, el Gobierno de Correa ha optado, según define Alberto Acosta, por un “extractivismo del siglo XXI”, donde la minería trasnacional, la extracción de petróleo o las grandes superficies agrícolas destinadas a la exportación son las prioridades. Frente al “derecho a la resistencia”, también reconocido en la nueva Constitución, el Gobierno sostiene procesos por “terrorismo” contra centenares de activistas por oponerse a la entrada de mineras y petroleras en sus territorios.

“Hemos creído que sólo con la elección de un presidente las cosas iban a cambiar, o que con la aprobación de una nueva Constitución la sociedad ya es diferente, lo cual no es cierto”, dice Acosta. “Y ahí viene el problema mayor, no es el presidente que no cumple la Constitución, no es su Gobierno que no la acepta, es una sociedad que todavía no ha comprendido que la Constitución es una caja de herramientaspara construir democráticamente una sociedad democrática”, concluye.

EMMA GASCÓ (Cauca, Colombia / DIAGONAL, 180)

La guardia indígena quema armas requisadas a las FARC durante un ritual comunitario realizado el pasado 21 de julio en el norte de Cauca (Toribío). Foto: Nuria Morello

Era un domingo por la mañana cuando el tatuco, un artefacto explosivo conocido por su poca precisión, reventó el puesto de salud indígena. El ataque de las FARC al pueblo de Toribío, en el departamento del Cauca, dejó siete personas heridas el 8 de julio. A la enfermera jefe hubo que cortarle una pierna. “Fue el último hecho que llena la copa”, explica a DIAGONAL Jesús Chávez, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Las comunidades decidieron hacer lo que habitualmente hacen: expulsar a los actores armados de sus territorios para que “se lleven su guerra a otra parte”. Pero esta vez lo hicieron de forma “más contundente”, cuenta Chávez. 

Dos mil guardias indígenas subieron el pasado 17 de julio al cerro Berlín y obligaron a los soldados del Batallón de Alta Montaña número ocho a desalojar el lugar. El cerro Berlín, como parte de las tierras indígenas, es territorio colectivo. Además, es un lugar sagrado. Contra lo que dicta la Constitución de 1991, el Ejército se había instalado allí sin haber consultado a la comunidad. Custodiaban dos torres de comunicaciones, una de ellas de Telefónica. Las imágenes de la Guardia Indígena sacando a los militares en volandas ocasionaron un revuelo mediático. Trascendió, por encima de todo, la fotografía de un militar llorando. Menos repercusión tuvo la destrucción por parte de los comuneros de un campamento de las FARC.

Experiencia para la paz

Tras varios asesinatos, y entre una militarización creciente, el presidente Juan Manuel Santos viajó al Cauca para pedir perdón por las violaciones de los derechos humanos que se habían producido en julio y agosto. “Santos sabe jugar con todas las fichas y busca su reelección. Su discurso es diferente al de Uribe, pero sus órdenes son las mismas”, expone Jesús Chávez. En la mesa de concertación que se ha abierto con el Gobierno se hablará de la tan demandada paz en Colombia. “Nosotros no podemos esperar a ver cuándo les da la gana a los dos actores armados de retirarse de los territorios indígenas. Es urgente hablar de salir del conflicto por la vía negociada. Hay experiencias en otros pueblos de que cuando no hay guerrilla, ni hay fuerza pública, se ha garantizado la tranquilidad y la paz. Queremos aportarle a Colombia una experiencia desde la población civil para la construcción de la paz”, añade el consejero mayor del CRIC.

15.000 guardias indígenas

Con su distintivo pañuelo rojo y verde, y armados sólo con un bastón de mando adornado con cintas de colores, 15.000 hombres y mujeres de todas las edades forman la Guardia Indígena del Cauca. Cuando las comunidades quedan en el fuego cruzado, la Guardia se encarga de protegerlas en los lugares de asamblea permanente. Cuando encuentra armas o plantaciones de cultivos ilícitos, las destruye. Así hizo el pasado julio con los fusiles que le requisó a las FARC. La Guardia no es una estructura policial, sino una herramienta de resistencia civil que ha evolucionado con el proceso de autonomía iniciado en 1971 por el CRIC.

Guillermo Tenorio nació en 1941 y formó parte del proceso de creación del CRIC. Describe los años de “terraje”, la relación feudal que existía todavía en los ‘60: “Muchas familias estábamos en la misma situación, trabajándole al patrón, sin remuneración, solamente por vivir en su hacienda”. En los más de 40 años de movimiento indígena en el Cauca, el CRIC consiguió abolir el terraje, recuperar más de 544.000 hectáreas de territorio ancestral y echar a andar un sistema educativo, judicial y de salud propio. Hoy, 320.000 personas, en su mayoría indígenas nasa, se coordinan en esta institución a través de un sistema tradicional de democracia participativa: los cabildos indígenas. Las asambleas llegan a ser de 7.000 u 8.000 personas.

En comunidad se decide qué hacer para preservar los recursos naturales, expulsar a los actores armados y luchar contra la pobreza extrema. Según explica el analista Juan Carlos Houghton, esa autonomía, que consiguió plena cobertura legal con la Constitución de 1991, se ha convertido en “un desafío abierto ante los proyectos territoriales de la insurgencia, del Estado y de los paramilitares”.

Guardia indígena frente a la estación de Policía. Foto: Martín Cúneo

Casi a las afueras de Caldono, una comunidad organizada en el CRIC, hay un pequeño cerro. Desde ahí se ven las montañas, la vegetación exuberante y las casas bajas de colores, algunas todavía con agujeros en los tejados. El guardia indígena Pedro Huete señala la estación de la policía militar, que está junto a la plaza y la iglesia, en el centro de la comunidad. “La policía tiene miedo y ahí se siente más protegida. Cuando las FARC se despliegan a las afueras –señala hacia todos lados– intentan darle a los soldados, pero las pipetas que tiran caen en medio del pueblo. Siempre hay dos o tres heridos civiles”, explica Huete. El puesto de policía de Caldono está resguardado por las omnipresentes trincheras hechas de bolsas de plástico verde. “Éste es el puesto más seguro de la zona”, asegura con orgullo y diplomática placidez el oficial al mando.

Pero para los comuneros la presencia militar no conlleva mayor seguridad. Al contrario, “los militares han sido actores intelectuales y físicos de masacres perpetradas en alianza con el paramilitarismo y con el narcotráfico: han asesinado a muchos compañeros”, explica Chávez. Tampoco trae seguridad la presencia de las FARC. Para Edison Peña, consejero nasa del CRIC, “las FARC dicen tener una política de defensa del pueblo, pero no están defendiendo, están atacando al pueblo. Ya dejaron la política revolucionaria y se convirtieron en hombres bélicos”. Peña tiene muy presente el atentado del 9 de julio de 2011, en el que la guerrilla hizo estallar una chiva [autobús] bomba frente a la estación de Policía de Toribío en pleno día de mercado, con un resultado de 103 heridos y tres muertos.

Al margen del mercado

Foto: Emma Gascó

A unos 600 metros de la estación de Policía de Caldono ha aparecido un objeto que parece fuera de lugar. Se trata de una retroescavadora de unos 20 metros de largo. La mole amarilla está aparcada junto a una humilde casa de porche demadera. Su imponente pala descansa sobre un prado verdísimo. Saltándose las leyes de las autonomías indígenas, que obligan a realizar una consulta previa, el gigante minero Anglo Gold Ashanti, empezó en 2010 una explotación en un río de Caldono. La comunidad se lo advirtió, varias veces. La minera hizo oídos sordos. Así que los indígenas expulsaron a los trabajadores y requisaron lamaquinaria. “La retro ahora sirve para hacer trabajo comunitario”, explica a DIAGONAL Albiro Calambás, consejero mayor de Caldono.

Sobre el Cauca pesa su importancia geoestratégica: es paso de droga para los narco, tierra fértil para los monocultivos de caña para biodiesel y golosos cerros para las empresas mineras. A mediados de 2011, más del 50% del departamento estaba solicitado para realizar explotaciones mineras. Pero para los indígenas las zonas altas donde nacen los ríos son sagradas. Y no sólo porque es el lugar donde se realizan los rituales. De los ríos depende la vida de las comunidades.Hasta ahora no han permitido que las empresasmineras ni las cañeras entren en sus tierras. Para Juan Carlos Houghton, la apuesta indígena por ejercer la soberanía ha resultado ser “la más exitosa estrategia” para impedir que el territorio se convierta en un “supermercado dematerias primas”.

“Somos incómodos porque estamos golpeando un modelo”, cuenta a contraluz la exconsejera mayor del CRIC Aída Quilcué, que lideró en 2008 la Gran Minga por la Vida, una de las mayores movilizaciones en la historia reciente de Colombia. “Demostramos al mundo indígena, y al mundo nacional e internacional, que no siempre hay que obedecer, que se trata de construir un proceso conjunto. Nuestro proyecto de vida es transformar el modelo de los pueblos indígenas y sectores sociales en una realidad, que se combata la extrema pobreza y el hambre”, explica Quilcué. En las tierras indígenas 6.000 familias no tienen tierras para producir sus alimentos.

Vacuna frente al desplazamiento

En agosto, se han sucedido las amenazas del grupo paramilitar Águilas Negras a los líderes del CRIC. “Aunque el Gobierno insiste en que los paramilitares se desmovilizaron en 2006, acá siguen actuando”, explica Ana Deida Secué, especialista nasa en el área jurídica. En Colombia más de cuatro millones de personas han dejado sus casas, sus tierras y a menudo todos sus bienes, para escapar de los ataques, propios del cine gore, de los paramilitares. Una vez desplazadas, sus terrenos no tardan en ser aprovechados por parte de grandes empresas para monocultivos de exportación, explotación petrolera y minera o, simplemente, fines especulativos, según describe el historiador y experto en movimientos sociales Frank Molano.

Pero, en el territorio organizado en el CRIC, el binomio desplazamiento- apropiación de tierras se encuentra con el obstáculo del proceso de autonomía. Gilberto Yafué es experto nasa en tierras. Para él, las raíces con las que cuenta el movimiento indígena en el Cauca es la mejor vacuna frente al desplazamiento, el robo de tierras y el empobrecimiento de la población: “Frente al ruido de la armas, frente al cruce de los disparos, hay miedos. Pero cuando hay sentido de la identidad y sentido de pertenencia no hay posibilidades de desalojo, no hay posibilidades de desplazamiento”.

DIÁLOGOS DE PAZ

Tras una semana de rumores, el presidente Juan Manuel Santos confirmó el lunes 27 de agosto que se han iniciado conversaciones con las FARC para construir un proceso de negociación. “Santos hasta ahora no había hablado de la paz. Ahora, con la movilización del movimiento indígena, se vio obligado. La estaba guardando como estrategia para la campaña de reelección, pero le tocó avanzar en ese escenario”, declara a DIAGONAL Jesús Chávez, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca.

A la presión del movimiento indígena se le ha sumado, particularmente en los dos últimos años, la de otros sectores sociales. Entre ellos, La Marcha Patriótica, que agrupa a un sector campesino que presiona por la paz, el Congreso de los Pueblos y Colombianos y Colombianas por la Paz, con Piedad Córdoba como una de sus cabezas más visibles. Según explica el historiador Frank Molano, Santos representa los intereses de inversionistas estadounidenses y europeos y, con un proceso de paz, avanzaría en un ordenamiento político y jurídico que beneficiaría a estos sectores económicos.

LIBERACIÓN DE LA MADRE TIERRA

Ante la falta de una reforma agraria, el CRIC empezó en 1971 a realizar recuperaciones de tierra en las grandes haciendas. Hoy cuenta con 544.000 hectáreas. Constitución del ’91 no sólo reconoce esa propiedad, sino que recoge el derecho a desarrollar una legislación indígena propia en los resguardos. “Fue la primera vez que esto ocurría en América Latina”, explica el líder nasa Ezequiel Vitonás. El investigador Juan Carlos explica a DIAGONAL que el concepto de autonomía o territorio se toman de occidente: “Antes no existía la propiedad sobre la tierra, era al revés, la tierra no tiene dueños y por eso hay que quitárselos. El concepto de liberación de la madre tierra es eso [hoy se les llama así a las tomas]. Pero para que no tenga dueño tenemos que ser los propietarios nosotros. Cuando se dice que la Amazonía es patrimonio de la humanidad, es que se la van a dar a Novartis o a Monsanto, pero cuando los indígenas dicen ’esto es mío’ realmente están diciendo que es de la humanidad”.

’TANGAS SÍ, VERDAD NO’

Con este título, el antropólogo Jaime Arocha denunciaba el tratamiento del conflicto realizado por Caracol Radio (grupo Prisa). “En Caracol son muy buenos para hallar en la web estudios sobre tangas y sexualidad”, pero respecto al Cauca omiten datos relevantes, y sus olvidos benefician al Gobierno, venía a decir Arocha. Crítica similar hacía la antropóloga Marta Rodríguez al decir “la sociedad no le ve las lágrimas a los indígenas”, en relación con la foto de un soldado llorando al ser desalojado de su base. La foto, publicada también por el diario español El País, levantó rechazo en contra del movimiento nasa. Frente a estas coberturas, el CRIC opta por una comunicación propia. “Lo que argumenta el Gobierno, que la militarización es contra el narcotráfico y la guerrilla, es un pretexto para militarizar nuestros territorios, que la gente se desplace o que sean fáciles de manejar.Es allí donde nosotros entramos a contar lo que realmente pasa”, explica a DIAGONAL la comunicadora indígena Dora Muñoz.

HISTORIA DEL PUEBLO NASA. RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO

Caldono. Foto: Emma Gascó

 LA ABUELA WEY TANA La cacica Gaitana (Wey Tana) es descrita como una mujer viuda, fuerte y mayor. Se opuso a la invasión en el siglo XVI: apresó al conquistador Pedro de Añasco y lo paseó por las comunidades, animando a la rebelión. A “la abuela Wey Tana” le acabaron siguiendo 12.000 guerreros, en una alianza indígena que combatió a los españoles durante siglo y medio.

 EL ALQUILER INVERSO El terraje era una forma de esclavitud que implicaba, por ejemplo, derecho de pernada. A principios del siglo XX, el líder Quintín Lame empezó a recorrer las comunidades: “Le hemos dado posada al blanco, y en vez de nosotros cobrarle el arrendo a él, él nos cobra a nosotros”. En 1914 se desencadenó la Quintinada, una revuelta armada frente a los terratenientes.

 LA VIOLENCIA En 1948 asesinan al candidato liberal a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán y se inicia el periodo llamado La Violencia, para la historia oficial, un conflicto entre liberales y conservadores. El profesor Molano explica que se trata de un proceso de acumulación: los campesinos huyen y los grandes comerciantes expropian sus cosechas. El movimiento indígena es aplastado.

 LA EVOLUCIÓN DEL CRIC El CRIC nace en 1971 con el proceso de recuperaciones de tierra. Durante los ’80 la violencia de los terratenientes se recrudece y, dentro del CRIC, surge el Movimiento Armado Quintín Lame, que se desmoviliza con la constitución de 1991. Desde entonces, el CRIC apuesta por acciones de resistencia pacífica. Frente al auge paramilitar, optó por reforzar la Guardia Indígena.

 LA GRAN MINGA DE 2008 El 12 de octubre diez mil indígenas bloquean la Panamericana como protesta frente al TLC, la vulneración de sus derechos y la militarización de Uribe. La consejera Aída Quilcué lidera una larga movilización en la que el movimiento indígena se coordina con otros sectores sociales. Poco después, el Ejército asesina a su marido. Según denuncia el CRIC, creían que le disparaban a ella.

 PROCESO DE PAZ Tras un recrudecimiento del conflicto en el Cauca durante los meses de julio y agosto, y en el marco del Encuentro Nacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Santos se desplazó al departamento para iniciar conversaciones con el CRIC. Una semana más tarde el Gobierno anuncia que se inicia un diálogo de paz con las FARC.

MARTÍN CÚNEO Y EMMA GASCÓ (DIAGONAL)
El 3 de junio pasado Loncopué entraba en la historia. Se convertía en el primer pueblo argentino que prohibía la megaminería en una votación de obligado cumplimiento. Una lucha que comenzó en 2007. [Un village réussit à interdire un mégaprojet minier lors du premier référendum souverain du pays]

Loncopué es un pueblo de poco más de 7.000 habitantes en la provincia patagónica de Neuquén, en el sur argentino. Nadie hubiera sospechado de su existencia de no ser porque sus habitantes, aliados con las poblaciones y las comunidades mapuches cercanas, consiguieron expulsar no a una sino a dos multinacionales mineras de sus alrededores.

Pero algo distingue a Loncopué de otras experiencias semejantes de lucha contra la minería metálica a cielo abierto en Argentina. Después del 3 de junio de 2012 se ha convertido en el primer pueblo argentino que ha conseguido prohibir la megaminería a través de un referendum vinculante. El plebiscito de Esquel, en febrero de 2003, abrió el debate en el país sobre qué significa la minería a cielo abierto. El de Loncopué es el primero de obligado cumplimiento.

Para que la votación fuera válida tenía que votar más del 50% de padrón. Ni los carteles de “No te dejes engañar, no vayas a votar” o las ’patotas’ amenazantes del partido gobernante en la provincia, impidieron que la jornada fuera una fiesta. Acudió a votar el 72%. Y el 82% votó a favor de la ordenanza que prohibe la megaminería en el municipio.

Pero ésta no es la primera victoria de Loncopué contra la megaminería, sino la tercera.

Adriana Millán trabaja en el hospital de Loncopué. Cuando en 2007 empezó a ver por el pueblo los camiones de la empresa minera canadiense Golden Peaks no pudo “quedarse al margen”. El oro de uno de los cerros próximos había despertado el interés de esta multinacional.

Los vecinos de Loncopué se organizaron, inspirados por la experiencia de Esquel, en una Asamblea de Autoconvocados. De la misma forma que los vecinos de Campana Mahuida, a 17 kilómetros de Loncopué, y la comunidad mapuche de Mellao Morales.

La campaña en contra de la minera que iniciaron tuvo repercusión internacional. “Al poco tiempo, la empresa canadiense decidió retirarse porque sus acciones en bolsa había empezado a bajar por la protesta. Ésa fue la primera victoria”, dice Millán. Había sido relativamente fácil. Sobre todo en comparación con la amenaza que se avecinaba.

Y ahora… más difícil todavía

La segunda vez, en 2009, la empresa ya no era canadiense, sino china. Con el nombre de Emprendimientos Mineros SA, la compañía compró una mina en el cerro Tres Puntas “a un precio irrisorio”. Según cuenta Millán,no hubo licitación ni se respetó ninguno de los mecanismos legales previstos para este tipo de inversiones. “La estructura de la asamblea ya estaba creada, pero nos encontramos con una diferencia. Al tratarse de una empresa china, que no depende de la cotización en bolsa, no le temen en lo más mínimo a su imagen pública”.

En esta ocasión, se trataba de una explotación de cobre a cielo abierto. El emprendimiento implicaba, explica Adriana Millán, la construcción junto al cerro de una planta de producción de ácido sulfúrico, utilizado para la extracción de cobre. “Al conocer el proyecto, sabíamos lo que implicaban las voladuras, muy cercanas a tierras mapuches y a los campesinos. El río que pasa por ahí es un afluente del río Neuquén, y también sería contaminado. La comunidad mapuche iba a ser seriamente agredida y desplazada por esa megainstalación. El lonko [líder] de la comunidad siempre mantuvo muy fuerte su posición, representando a la comunidad, que además considera al cerro Tres Puntas como sagrado”.

Como profesional de la salud, Millán explicaba a los pobladores los efectos nocivos de las minas a cielo abierto en el cuerpo humano. “Los metales pesados van a parar al agua y provocan multitud de enfermedades: anemias crónicas, distintos tipos de cáncer, problemas de fertilidad… El polvo de las voladuras genera alergias, enfermedades respiratorias y problemas de piel. Por no hablar de los posibles incidentes derivados de la manipulación de ácido sulfúrico. Para esas tragedias no había infraestructura en el pueblo. Nosotros dijimos que no estábamos preparados para la epidemia minera”.

A las dificultades se le sumaba la complicidad del Gobierno de la provincia, presidido por Jorge Sapag. “La familia Sapag es de tradición minera. Tienen empresas mineras varios familiares. El sobrino del actual gobernador es el presidente de la Unión de Productores Mineros del Neuquén. Y uno de los hermanos de Jorge Sapag es propietario de una empresa de infraestructura logística que provee a mineras”.

Sin embargo, la coordinación de las asambleas de todos los pueblos y comunidades afectadas, y, sobre todo, la unión entre vecinos y mapuches frustró los planes de la minera. Por la vía legal consiguieron anular las dos primeras audiencias públicas, paso previo para aprobar cualquier emprendimiento minero. En marzo de 2009, el mismo día que la jueza canceló la segunda audiencia, “por si acaso”, los vecinos convocaron la primera gran marcha. “Creíamos que íbamos a ser un puñado y fuimos 3.000, de un pueblo de 6.000. Vino gente de las otras comunidades mapuches y gente que no sabíamos que iba a venir. Ahí el pueblo se empoderó mucho”, recuerda.

“Como si Argentina hubiera ganado el mundial”

Ante el aumento de la oposición al proyecto, la empresa aumentó a su vez los actos de propaganda. Convocó una fiesta de la minería, con elección de reina incluida, incluso el mismo intendente “repartió pollos” en la comunidad mapuche de Mellao Morales. “Siempre buscaron apoyos entre los desocupados y la comunidad mapuche, creyendo falsamente que eran los más débiles”. Al mismo tiempo, comenzaban las amenazas, como las que recibió la radio Arcoiris, una de las emisoras más críticas con el proyecto.

La tercera audiencia estaba convocada para septiembre de 2009. Una semana antes la asamblea instaló un corte de ruta: los conocidos pasaban, no así “los funcionarios mineros y los lobbistas locales, la mayor parte terratenientes que colaboraban con la minera”. Por el otro camino a la mina, la comunidad mapuche bloqueaba el acceso.

Mientras cientos de personas continuaban con los cortes de ruta, un grupo de asambleístas, acompañados de organismos de derechos humanos, acudieron a la ciudad de Neuquén, para hablar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia. La causa por la supuesta venta ilegal de la mina estaba “cajoneada” desde hacía más de un año. “Se le informó al Tribunal de la situación que se estaba viviendo, que no íbamos a permitir que se hiciera la audiencia pública, que el clima era muy tenso. En ese momento estábamos recibiendo rumores de que iban a venir con patotas de la construcción y mineros. ’Les hacemos responsables de lo que pueda pasar’, les dijimos. Y todo esto se hizo público”.

El día 28 de septiembre el Tribunal se iba a pronunciar sobre el reclamo. Un grupo de asambleístas se había congregado para esperar el fallo. “Ahí vivimos los momentos de mayor angustia. Nos enteramos porque nos comenzaron a llamar, y de golpe se empezaron a escuchar bocinazos en todo el pueblo”.

Ante la evidencia de irregularidades, el Tribunal había decidido paralizar el proyecto hasta que un nuevo juicio dictamine si esa venta fue legal. “Fue como si Argentina hubiera ganado el Mundial de fútbol, todo el mundo salió a la calle, en horario laboral, a abrazarnos y festejar.En ese mismo momento decidimos que la marcha que se iba a hacer para impedir la audiencia la haríamos al día siguiente, pero para festejar. Y ahí fue una marcha de victoria y alegría absoluta, junto con toda la gente que nos había apoyado”.

Tres años después, la votación del referendum del 3 de junio convierte la victoria de Loncopué, Camapana Mahuida y Mellao Morales contra la megaminería en definitiva.

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